Millones de colombianos tuvieron que huir de su país por el conflicto interno y la violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), pero pese a las expectativas que suponía el Proceso de Paz firmado por la guerrilla y el Gobierno de Colombia a finales de 2016, esta situación no acabó. Entre 2017 y 2019, cerca de 520.000 colombianos huyeron buscando refugio en otro país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Dentro de estos millones de personas se encuentra Santiago (nombre ficticio) y su familia. Santiago trabajaba para una organización humanitaria que manejaba el presupuesto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). El objetivo de este proyecto era sustituir el cultivo de cocaína por el de cacao. Fue en 2018 cuando él y su familia comenzaron a recibir amenazas de disidentes de las FARC. Fueron seis meses de amenazas que tuvieron que soportar solos porque ni el Estado colombiano ni la organización para la que trabajaba movían un dedo para ayudarles. Lo único que podían hacer era encerrarse en casa y no ponerse en peligro. Ante esta situación de miedo y horror constante, sumado al cuidado de una hija pequeña, Santiago dijo basta, decidiendo exiliarse en Estados Unidos sin posibilidad de volver, por el momento, a su tierra natal.

Cinco años desde el Acuerdo de Paz

Han pasado cinco años desde que los colombianos votaron para acabar con más de cinco décadas de conflicto que asolaron Colombia y que dejaron más de 7 millones de víctimas. El acuerdo de 297 páginas, en el cual se aprobaba esta desmilitarización, fue firmado en noviembre de 2016 en Bogotá, entre el gobierno del país con el entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Además del fin del conflicto, ambos actores pactaron una política de desarrollo agrario, establecer una participación política, o acabar con el narcotráfico, entre otros objetivos.

Este último punto del compromiso sigue resistiéndose en el país. En el Acuerdo Final se estipulaba la promoción de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos. Éstos estaban destinados a contribuir a la superación de las condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas, cuya subsistencia provenía de los cultivos de uso ilícito, mediante la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS).

Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína

Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, ha logrado reducir el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca por tercer año consecutivo. Según el informe anual de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2020 hubo una reducción del 7 % de los cultivos de coca, una cifra mucho menor que en 2019 cuando fue del 9 %, mientras que en 2018 descendieron un 2.1 %.

Para llevar a cabo la reducción del cultivo ilícito de la hoja de coca, que en 2017 logró un récord de 171.000 hectáreas de estas plantaciones, se llevaron a cabo y se siguen haciendo proyectos para la erradicación de cultivos. En estos proyectos trabajaba Santiago, quien se ocupaba, en una organización humanitaria internacional muy conocida, de los temas de contabilidad para desmovilizar y acabar con las plantaciones de coca y reemplazarlos por cultivos de cacao.

Santiago, su mujer Isabella y su hija llevaban una vida cómoda hasta que comenzaron las amenazas. “Tras el proceso de paz, se desmovilizaron algunos guerrilleros pero otros no”, explica la mujer de Santiago.

”Mi marido manejaba la parte financiera del proyecto de erradicación y tenía en su poder la lista de las personas que decidieron no trabajar más para la guerrilla y salir de ahí para formar parte del proyecto del reemplazo de cultivos. Él tenía mucha información en su poder que era lo que estaba buscando la guerrilla porque allá los catalogaban, a los que salían de las FARC-EP, como sapos, y comenzaron a hacer persecución a esas personas y obviamente a Santiago porque era el que tenía la lista de nombres de las personas que habían salido de la guerrilla”. Pero no sólo por eso sino que, como cuenta Isabella, también le perseguían por el tema económico porque “él manejaba cada peso que entraba y todo el presupuesto de ese proyecto”.

“Por más que digan que el proceso de paz fue un éxito, la guerrilla sigue allá”

“El proyecto sigue adelante, sigue en Colombia y se está tratando de llevar adelante pero pues es muy difícil porque la guerrilla tiene mucha fuerza todavía allá. Por más que digan que el proceso de paz fue un éxito, la guerrilla sigue allá, y también está el Ejército de Liberación Nacional (ELN), no están solo las FARC sino también el ELN y hacen matanzas y secuestros y todo eso”. Según el informe Los Focos del Conflicto en Colombia, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), publicado este mes, existen más de 5.000 combatientes post FARC, tanto disidentes preacuerdo como disidentes post acuerdo en 32 estructuras con presencia en el país.

“Fue en septiembre de 2018 cuando comenzaron las amenazas. Llamadas telefónicas, llegaban panfletos amenazantes a nuestra casa, cosas muy feas”, relata Isabella. Estas amenazas se alargaron seis meses hasta que, ante la peligrosidad de la situación, decidieron no volver a Colombia.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 30 de junio de 2020 fueron asesinados 75 líderes de sustitución de cultivos de coca en el país, según un informe publicado por el programa Somos Defensores, la Corporación Viso Mutop y la Asociación Minga. Además,  2018, cuando Santiago comenzó a recibir las amenazas, fue el año más sangriento para las personas defensoras de los derechos humanos relacionados con la sustitución de uso de cultivo ilícito, alcanzando la cifra de 27 víctimas. Y es que, según el último informe (octubre 2021) de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, desde la firma del Acuerdo, 296 exintegrantes de las FARC han sido asesinados, se han producido 69 tentativas de homicidio y 25 personas siguen desaparecidas.

Unas vacaciones convertidas en exilio forzoso

Tras varios meses de amenazas, y mientras la familia se encontraba de vacaciones en el estado de Florida, Estados Unidos, porque querían que su hija pequeña conociera el parque temático de Walt Disney, Santiago tomó la decisión. No volverían a Colombia, ya no sólo por su propia seguridad sino también por la de su familia.

“Queríamos volver a nuestra casa porque tenemos todo allá, no sólo nuestra familia sino nuestro coche, nuestro apartamento… Y no queríamos abandonar nuestro país.” Pero, como lamenta Isabella, debido al acuerdo de confidencialidad que los trabajadores firman con este tipo de organizaciones, no podían realizar ningún tipo de denuncia pues la organización, que en ningún momento les ofreció ayuda, quedaría involucrada directamente. Estaban solos, sin el apoyo de la organización ni de la policía colombiana. “Lo único que nosotros podíamos hacer era tratar de evitar ponernos en riesgo, lo que suponía quedarnos encerrados, soportar las amenazas… eso fue terrible”.

Una vez en Estados Unidos, la familia buscó ayuda en una ONG, En casa, que ayudaba a los refugiados políticos a conseguir asilo. “Llegamos allá, nos asignaron un abogado y nos asesoraron un poco sobre cómo teníamos que presentar la solicitud de asilo”.

Los procesos para obtener el derecho de asilo “van muy despacio”

Pese a que los procesos para obtener el derecho de asilo “van muy despacio” y, según explica Isabella, “ellos no son prioritarios”, han logrado obtener el permiso de trabajo estadounidense y un número de la seguridad social tras más de seis meses de espera, durante los cuales tuvieron que explicar la razón por la que tenían que quedarse en el país, con declaraciones, testigos, pruebas, testimonios…

Hasta que se formalicen el resto de papeleos, la familia está obligada a pagar cada dos años unos 2.000 dólares para renovar su permiso de trabajo. “Hasta nuestra hija de 9 años tiene que sacarse ese permiso de trabajo”, añade sorprendida Isabella. Y no sólo eso, al no haber finalizado el proceso, están obligados a permanecer en suelo estadounidense: no pueden salir del país ni volver a Colombia. “Nosotros estamos acá como presos en EE.UU. porque no podemos regresar a Colombia ni podemos salir del país. Quién sabe hasta cuándo podamos volver a nuestro país”, se lamenta Isabella.

No obstante, pese a las trabas iniciales y el camino legal por recorrer, ahora están muy agradecidos: “aquí nos sentimos libres, tranquilos y pues nuestra hija se está adaptando bien”. Santiago ahora es manager de una tienda de electrodomésticos e Isabella trabaja en micropigmentación cosmética. “Lo único es que nuestra familia y las cosas que habíamos adquirido con tanto esfuerzo están todavía en Colombia y estamos esperando que de pronto algún día podamos volver, pero lo veo todavía muy lejano”.

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