En algunos países del mundo parece impensable sentir que puedes morir por estar defendiendo tu planeta, pero en otros lugares, esto continúa siendo una realidad.
Y no una realidad de casos aislados, sino una compleja red de personas, empresas y gobiernos que lo permiten y respaldan.
Existe marginación y discriminación por parte de las autoridades, falta de acceso a la justicia, falta de protección, multinacionales con intereses económicos por encima de cualquiera, corrupción en todas las escalas de los organismos de protección a la ciudadanía que respaldan estos hechos y consiguen que haya total impunidad sobre ellos; así como la ausente cobertura por parte de los principales medios de comunicación.
Y los casos siguen sumando. Los ataques contra los defensores de derechos humanos han reflejado un incremento alarmante en los últimos tres años.
La relatora especial de la ONU, Vicky Tauli Corpuz ha nombrado este fenómeno como “Crisis global” en denuncia de la persistente impunidad contra quienes cometen estos crímenes.
Los reportes de Global Witness señalan que sólo entre 2015 y 2018, murieron 747 defensores medioambientales en el mundo.
¡Eso supone una media de 187 muertes por año!
Y si ya las cifras son sobrecogedoras, según el último reporte de Global Witness, en 2019 se ha registrado un nuevo récord de número de personas asesinadas en un año por defender el respeto a la Tierra y el Medio Ambiente, con una cifra de 212 homicidios.
Según el informe, los 10 países más peligrosos son Colombia, Filipinas, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela, India, Nicaragua e Indonesia.
Lo que sitúa a América Latina como una de las regiones más peligrosas para los defensores medioambientales, con el 70% de los asesinatos.
En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde la adopción del acuerdo climático de París en diciembre de 2015. Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.
Y no debemos olvidar que parte de estas personas asesinadas son indígenas.
Sólo en 2019 en América Latina fueron asesinados 28 indígenas defensores de sus derechos, incluyendo los defensores del medio ambiente. Defensores de su tierra, de su lengua, cultura, hogar, comida.
Defensores de la naturaleza que les cuida, les arropa, les da de comer, les permite vivir felices y a la que respetan por encima de todo.
Los sectores más letales a nivel mundial son la minería, las empresas petroleras, la agroindustria, la explotación forestal, la caza ilegal y proyectos relacionados con agua y represas.
Muchos de los peores abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos en el mundo son consecuencia de la explotación de los recursos naturales y la corrupción en el sistema político y económico mundial.
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente son quienes se oponen a esto.
Hay que resaltar el importante papel que ocupan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en la lucha contra el cambio climático, oponiéndose a las industrias intensivas de carbono que están acelerando el calentamiento global y produciendo un daño ambiental insostenible.
No debemos actuar con pasividad ante esto, ni respaldar de manera pasiva aquellas empresas y gobiernos que no permiten el avance hacia la sostenibilidad, la transparencia y el bienestar de las personas.
El Acuerdo de Escazú supondría un gran avance ante esta problemática en toda Latinoamérica y El Caribe, ya que es el primer acuerdo regional que equipara los derechos ambientales a los derechos humanos en esta región.
Este Acuerdo defiende y protege a los defensores ambientales, además de promover el acceso oportuno y comprensible a la información medioambiental y la participación ciudadana.
Aún quedan, al menos, dos ratificaciones para que entre en vigor el Acuerdo vinculante más importante de la historia en materia medioambiental para toda Latinoamérica y El Caribe.
Esperemos que se consiga pronto y la defensa de nuestro planeta sea una prioridad respetada por todos.
Cristian Javá Ríos, asesinado en la Amazonía de Perú a sus 20 años de edad, en una emboscada organizada por pandillas, querían sabotear las tuberías que transportan petróleo a través de la región. Por años la Amazonía del norte de Perú ha sido amenazada por los billones de barriles con desecho tóxico y el derrame de petróleo como un resultado de las acciones realizadas por parte de la compañía Pluspetrol Argentina y la corporación de Petróleo Nacional China (CNPC). Los Pueblos Indígenas en la Amazonía del Perú están en constante amenaza ligadas a estas actividades degradantes, que han causado innumerables enfermedades, deforestación y violación de la apropiación de tierras y de sitios espirituales
Hernán Bedoya fue asesinado en Brasil después de manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y banano en tierras robadas a su comunidad, las cuales amenazan el área de biodiversidad.
Macarena Valdés, activista socioambiental chilena que lideró la lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil, y cuya muerte se encuentra siendo investigada como un posible asesinato.
Otilia Martínez (60) Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz (20), asesinados en México en 2019. Reconocidos en la comunidad como defensores de los alrededores del bosque y defensores por justicia medioambiental., fueron asesinados en su casa.
Nahua Leonel Díaz Urbano, asesinado en 2019 en México por protestar contra la continuación de la construcción de la planta hidroeléctrica en Zacapoaxtla. Dirigida por la Hidroeléctrica Gaya SA de México apoyados por figuras gubernamentales Semarnat (agencia ambiental de México) y la Comisión Federal de Energía (CFE). Muchos de estos proyectos han provocado un efecto irreversible, en destrucción del medio ambiente causados por el desvío del cauce del río.
Emyra Wajãpi, 2019, Brasil. Docenas de mineros de oro armados, vestidos con uniformes militares, asaltaron su aldea, amenazando e invadiendo agresivamente a los pueblos y hogares wajãpi. Emyra Wajãpi fue apuñalada en los bosques adyacentes cerca de su aldea, y luego su cadáver fue arrojado a un río. La muerte de Emyra Wajãpi personifica el trato inhumano y perjudicial de los pueblos indígenas bajo el presidente de Brasil, Bolsonaro,
Berta Cáceres fue asesinada en Honduras 2016, por proteger el territorio ancestral lenca de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Cristina Bautista, Asdrúbal Cayapu Kiwe Thegna, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, y James Wilfredo Soto – fueron asesinados; y otros cinco miembros resultaron heridos en Colombia, 2019. De acuerdo a los reportes, agentes armados de las FARC abrieron fuego en contra de Cristina Bautista y otros guardias. Bautista era una líder tradicional, trabajadora social, defensora de la tierra y activista de derechos indígenas.
Datu Kaylo Bontolan, asesinado en Filipinas por oponerse a la minería ilegal en la zona.
Liviu Pop, un guardaparques que trabajaba protegiendo uno de los bosques primarios climáticos más grandes de Europa, en Rumanía. Liviu fue asesinado a tiros por proteger árboles en un país donde el crimen organizado está diezmando estos bosques.
Nilce de Souza Magalhães fue hallada atada a una roca y a orillas del río Madeira en 2016 ,seis meses después de ser reportada como desaparecida. El cuerpo de la líder ambiental se encontró en los alrededores de la presa de Jirau, en Porto Velho, proyecto al que se había enfrentado en los años previos a su muerte.
Daniel Rojas (40), 2019, Colombia. Asesinado en su casa. Defensor de territorios indígenas y derecho agrarios.
Samir Flores Soberanes, fue criminalizado, estigmatizado y asesinado en México, por defender la Tierra y el agua.
En un lapso de 4 meses, aparecen muertos en distintas provincias de Chile,y sin haber determinado todavía las circunstancias, los defensores ambientales Alejandro castro y Marcelo Vega Cortés.
Alejandro Castro era un pescador artesanal, dirigente contra la contaminación de la Zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví. Apareció colgado del cuello de una valla después de volver de una manifestación por la causa.
Marcelo Vega Cortés, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan, Región de Los Ríos, fue encontrado en las aguas del río Lingue. Era un opositor a la instalación de un ducto de la empresa Celulosa Arauco-Celco, el proyecto de la compañía para verter los riles de la planta Valdivia directamente al mar de Mehuín.
Sergio Rojas (Bribri)- asesinado en el 2019 en Costa Rica. Trabajó incansablemente para hacer valer los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y el derecho a la tierra en Costa Rica, abogando por la eliminación de asentamientos no autorizados en tierras con títulos indígenas.
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