STOP ECOCIDIO lucha por una Ley Penal Universal que proteja el Planeta.

Este pasado viernes, 5 de junio, La Casa Encendida de Madrid, en su ciclo de charlas ¡Despierta, el planeta te necesita!, dió a conocer, a través del Movimiento por la Tierra, su campaña Stop Ecocidio.

Esta campaña, fue fundada en 2017 en el Reino Unido por Polly Higgins, la visionaria abogada recientemente fallecida, y la activista medioambiental, Jojo Mehta. El objetivo de la campaña es apoyar el establecimiento del ecocidio como un crimen internacional, con el fin de prohibir y prevenir más devastación de la vida en la Tierra. 

Se entiende por ecocidio la destrucción o el daño masivo de los sistemas vivos. Hoy en día, este crimen a la naturaleza está permitido legalmente. Stop ecocidio trabaja arduamente para que el ecocidio sea reconocido por la Corte Penal Internacional como el 5º crimen universal contra la paz, junto con el Genocidio, los Crímenes de Guerra, de Agresión y los Crímenes Contra la Humanidad. 

La directora de esta campaña en España, Maite Mompó, participó en el diálogo junto al abogado y ex-juez Baltasar Garzón, que forma parte de la junta asesora de la campaña; y a Joaquín Araujo, naturalista, escritor, realizador de documentales y simpatizante de la campaña.

Joaquín Araujo comenzó señalando que, hace 52 años, cuando él empezó en el movimiento ambientalista, había en la Tierra un 50% más de vida que ahora. Las causas de esta alarmante cifra y de esta pérdida de incalculable valor para la Tierra son visibles diariamente en las deforestaciones masivas, el uso indiscriminado de productos químicos en los campos de cultivo y en nuestra vida cotidiana, el vertido de millones de toneladas de contaminantes y plásticos a los ríos y mares, la polución, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, etc…

A pesar de ello y de la grave situación de salud en la que se encuentra el planeta y todos los que lo habitamos, a día de hoy sigue sin existir una ley internacional vinculante que defienda, proteja y juzgue penalmente a los ejecutores de grandes daños ambientales.

Actualmente, el litigio civil es el único medio por el cual hacemos que las empresas y los Estados rindan cuentas por el daño ambiental, pero, ¿qué le cuesta a una gran empresa o gobierno pagar una multa económica? Se necesitan leyes que condenen penalmente, con cárcel y con inhabilitación, a este tipo de empresas y gobiernos, y nos protejan de estas masacres. La ley penal de ecocidio impide que los inversores respalden las prácticas ecocidas y que las compañías de seguros las aseguren. Las personas con responsabilidad superior – Directores Ejecutivos y miembros del gobierno – se convierten de forma individual en responsables penales del ecocidio.

¿Y cómo se puede conseguir esto? Si nos remontamos un tiempo atrás, ya se estuvo hablando del ecocidio durante la redacción del Estatuto de Roma en la década de los 90, pero fue eliminado del borrador final a instancias de los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y los Países Bajos por intereses propios (todos ellos países petroleros). Por lo que es, literalmente, el crimen que falta en este Estatuto. 

El Estatuto ya se ha modificado una vez: cuando se agregaron los Crímenes de Agresión en 2017, así que su actualización es posible.

Cualquier Estado miembro, por pequeño que sea, puede proponer una enmienda al documento que rige la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Una vez que la enmienda al documento sea adoptada por 2/3 de los Estados miembros (actualmente serían 82 de los 122), tendrán lugar su ratificación y su aplicación. La enmienda entra en vigor en cada Estado un año después de que ese Estado haya presentado la ratificación. Los Estados que no ratifiquen la enmienda adoptada igualmente no podrán realizar actividades ecocidas en países que la hayan ratificado.

Como señala Baltasar Garzón, “poniendo en conexión todos los mecanismos legales y un criterio proacciones, de protección a las víctimas, se podrá alcanzar el objetivo de jurisdicción universal, como ocurrió, cuando aparentemente no se podía conseguir, con el caso del Tibet, de Pinochet, etc. Hay que situar a la naturaleza como sujeto de derecho para no permitir que haya impunidad a su ataque.” 

También referencia el Protocolo de Malabo, del 2014, donde la Unión Africana ha propuesto la creación de un Tribunal Regional, similar a la Corte Penal Internacional, donde se incluye, expresamente, el crimen al medio ambiente como crimen de ecocidio.

Hoy en día, sólo 9 países y el estado de Chiapas reconocen el ecocidio. Ya hay dos normas constitucionales: la Constitución de Ecuador “El Buen Vivir”; y la de Bolivia “La Ley de La Madre Tierra”, que van por esa línea. También, el parlamento neozelandés aprobó, en 2017, la ley, comúnmente conocida por los maoríes como “Yo soy el río y el río soy yo”, en la que se le otorga el estatus de persona jurídica al río Whanganui para poder ser defendido ante tribunales con todos sus derechos y deberes jurídicos. Y no es la primera vez que Nueva Zelanda reconoce estatus de persona jurídica a un recurso natural, ya lo hizo en 2013 con el Parque Natural Te Urewera. Esta tendencia empieza a impulsarse con bosques y montañas.

Los participantes del diálogo también recordaron la imposibilidad de protesta que sigue existiendo en muchas partes del mundo, con los asesinatos constantes de líderes sociales y ambientales, asesinatos de indígenas, desplazamientos forzosos de comunidades enteras por la deforestación, minerías, creación de industrias contaminantes, etc. 

Cabe señalar que todavía hay gobernadores de países y empresas que siguen aniquilando el planeta por intereses propios y es importante ser conscientes y consecuentes de que, no formar parte de ellos, es otra manera de contribuir a que estos exterminios de la naturaleza se acaben. 

Maite Mompó recuerda que hacer daño al planeta es hacernos daño directamente a cada una de las especies que lo habitamos y por ello la necesidad de esta ley se hace básica. Hay que tipificar y exigir que se catalogue como crimen de lesa humanidad la destrucción sistemática de los ecosistemas. Estamos contrarreloj y muchas partes del mundo ya están sufriendo las graves consecuencias de los ecocidios.

Como se muestra en el documental  “The Big Sun” (El Gran Sol) , ofrecido en el vimeo de “La Casa Encendida”, Vanuatu es una de las islas que ya sufre grandes problemas de sequía y que, de continuar a este ritmo, desaparecerá en pocos años por la subida del nivel del mar.

Los pequeños países como Vanuatu son los primeros en comprobar, tan directamente, las consecuencias de estos ecocidios y de la terrible situación en la que se encuentra actualmente el planeta. Desafortunadamente, estos pequeños países tan comprometidos con la causa, son, también, los que cuentan con menos recursos económicos para apoyar la campaña, por lo que la fundadora de Stop Ecocidio, Polly Higgins, creó un fondo para ayudar económicamente a estos países y que, de esta manera, puedan apoyar la enmienda en la Corte Penal Internacional. Es el denominado fondo fiduciario de los Protectores de la Tierra. Todas las personas que lo deseen pueden donar para este fondo y se convierten en fideicomisarios, o lo que es lo mismo, en protectores de la Tierra. Puede ser una única donación de 5 euros o aportar más, quien lo desee. En este enlace podrán hacerse protectores de la Tierra y colaborar con su donación a apoyar la enmienda.

La Ley Universal contra el Ecocidio es una ley indispensable para poder continuar habitando el planeta. 

Entra en la página web de Protectores de la Tierra, e infórmate de cómo puedes formar parte de la campaña Stop Ecocidio.

En el siguiente vídeo de Youtube podrán ver la charla completa.

“Uno de los primeros derechos humanos debería ser aceptar que la vida tiene derecho a la vida” (Joaquín Araujo).

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