Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

América Latina y el Caribe cuenta con una riqueza natural asombrosa, pero cada vez más amenazada.

En esta región se encuentran el 22% de los bosques de todo el mundo pero, entre 1990 y 2015, casi 1.000.000 de km2 de selva fue extinguido.

Más del 68% del suelo de Sudamérica sufre erosión por causa de la deforestación y la ganadería excesiva.

Es una de las regiones más biodiversa del planeta, pero actualmente, más del 23% de las especies que aquí habitan están en riesgo de extinción.

El 70% del agua que se usan en las ciudades, industrias y agricultura, regresa a los ríos sin tratamiento alguno, exponiendo a millones de personas a enfermedades, y poniendo en riesgo sus vidas y su salud.

Las personas y comunidades que denuncian y se enfrentan a esta devastación sufren asesinatos y ataques

Cambiar esto es una necesidad urgente para el Planeta.

¿Cómo surge el Acuerdo de Escazú?

El 4 de marzo del 2018 , después de 6 años de arduas discusiones, 24 países de América Latina y el Caribe lograron una propuesta que, de hacerse realidad, garantizaría el DERECHO DE TODAS LAS PERSONAS A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE SANO.

Esta propuesta se conoce como Acuerdo de Escazú.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional para la protección del Medio Ambiente en América Latina y el Caribe.

Establece la protección del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, como señaló la Declaración de Estocolmo de 1972; y en línea con el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro y los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Es considerado un hito histórico para la democracia ambiental en esta región porque se centra y refuerza tres derechos fundamentales:

  • El acceso a la información ambiental.
  • La participación pública.
  • Acceso a la justicia

El acuerdo señala que:

Acceso a la información ambiental.
  • Cualquier persona podrá solicitarle a su gobierno información sobre el medio ambiente en general, el estado y la gestión de sus recursos naturales, de una manera fácil y sin obstáculos.

Por ejemplo, el estado de la contaminación del agua en el país, o el impacto sobre el medio ambiente de un proyecto en particular, como una mina.

  • El Estado también tendrá que contar con un sistema donde las personas puedan consultar fácilmente la información actualizada relativa al medio ambiente.

Con este derecho todos nosotros podremos acceder a la información técnica, social y ambiental que tienen las autoridades. De esta manera se garantiza un escenario transparente y abierto.

  • Las autoridades tendrán un plazo de 30 días para responder de una forma que se entienda.
  • Para que el Acuerdo de Escazú se implemente de forma efectiva, los países miembros tendrán que capacitar a sus autoridades y funcionarios.
  • Sensibilizar a su población a través de campañas informativas y programas educativos en las escuelas, y fortalecer los registros y sistemas de información ambiental.
  • El acuerdo invita a que los países cooperen entre ellos a través de talleres, encuentros y alianzas con estados de otras regiones.
Participación ciudadana
  • Las personas podrán participar en la toma de decisiones que impacten el medio ambiente.

Esta propuesta, como ninguna antes, dice que las decisiones y cuestiones que afectan al medio ambiente deben tomarse de la mano con las y los ciudadanos. 

¡La voz de todos debe ser escuchada y considerada!

  • Las autoridades estarán obligadas a consultar y a tomar en cuenta las opiniones de las personas afectadas.
  • Esto obliga a crear espacios que nos permita participar en situaciones que afectan nuestras vidas y nuestro entorno.
Acceso a la justicia
  • La consulta deberá considerar la cultura y el idioma de las personas.
  • Los pueblos indígenas no sólo deberán ser consultados, sino que se buscará su consentimiento, tal y como lo prevé el derecho internacional. 
  • Las personas podrán recurrir a tribunales o a mecanismos alternativos de resolución de disputas, si su derecho a solicitar información o a participar no es respetada. Incluso si aún no se ha generado una vulneración.
  • También podrán recibir reparaciones en caso de haber sido víctimas, si se causaron daños al medio ambiente.
  • Las personas, grupos y organizaciones que defienden el medioambiente podrán hacerlo de forma segura.

Sólo entre 2015 y 2019, 959 líderes ambientales fueron asesinados en todo el mundo y, aproximadamente el 70%, ocurrió en América Latina.

  • El Acuerdo de Escazú fortalece la obligación de los Estados a reconocer, respetar y proteger todos los derechos de las personas y colectivos que defienden el medioambiente; y de manera muy importante, a investigar y sancionar los ataques en su contra.

Aquí os dejamos el texto del Acuerdo de Escazú en varios idiomas. 

¿Cómo se implementa?

Desde el 27 de septiembre del 2018 los gobiernos pueden firmar uno de los tratados de Derechos Humanos y Medio Ambiente más importante de los últimos 20 años.

Para que el tratado se haga realidad, al menos, 11 países deberán firmarlo, hasta septiembre de este año 2020, y ratificarlo.

Si no se alcanza esta cifra perderemos la oportunidad de alzar la voz por los Derechos Humanos y del Medio Ambiente.

¿Cuántos países se han unido ya?

Los países que han firmado este instrumento legal -el primer tratado ambiental de la región- a la fecha son 22: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts y Nevis), San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Los países que todavía no lo han firmado son Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Suriname, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Chile lideró la negociación junto con Costa Rica, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, pero su sucesor Sebastián Piñera se ha negado públicamente a firmarlo.

A partir de la fecha de la firma, se cuenta con 2 años para ratificarlo. Se necesitan 11 ratificaciones para que el Acuerdo entre en vigor.

Hasta la fecha hay 9 ratificaciones por parte de Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

Países como Costa Rica, que lideró la firma del Acuerdo, México, República Dominicana, o Perú, a pesar de sus opositores en el gobierno, están en camino de su ratificación, que se ha visto frenada por la emergencia sanitaria que estamos sufriendo.

¿Por qué es necesario?

El Acuerdo de Escazú busca “garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medioambiente sano y a un desarrollo sostenible”.

Para ello, es necesario la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. 

El Acuerdo representaría un avance clave para la lucha contra todos los problemas medioambientales, incluyendo el cambio climático, y la reducción de los conflictos socio-ambientales.

Según el último informe de Global Witness, América Latina incluye 7 de los 10 países de todo mundo más peligrosos para los defensores ambientales: Colombia, Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

El Acuerdo garantizaría el derecho a opinar libremente sin sufrir agresiones y siendo escuchado.

Además, se conseguiría un mayor conocimiento e involucración de todos los ciudadanos y los gobiernos y, con ello, una mayor capacidad de construir conciencia ambiental, responder a las preocupaciones medioambientales existentes y guiarnos hacia la sostenibilidad del planeta.

El Acuerdo de Escazú es vinculante y, por lo tanto, todos los Estados firmantes deberán adecuarse a lo que dice.

Los gobiernos deberán desarrollar políticas públicas, medidas de protección ambiental, iniciativas y legislación ambiental efectiva que se cumpla, y, a su vez, deberá permitir e involucrar a todos sus ciudadanos en esta protección medioambiental.

¡Exige a los gobiernos que firmen el Acuerdo de Escazú!

.

Donaciones

Este medio ha sido creado con mucho esfuerzo y pasión. No recibimos beneficio por nuestro trabajo por lo que agradecemos vuestras donaciones.

€1,00

También te podría interesar: