La elevada contaminación que provoca el complejo industrial ‘Ventanas’, situado entre las localidades de Quintero y Puchuncaví; y la evidente falta de interés del gobierno por cambiar esta situación, lleva décadas acabando con la vida de las personas que habitan en estas comunas y con todos sus recursos naturales.

Vídeo sobre la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví creado por Infórmate 360 a partir de las imágenes cedidas por Cristina Ruiz, del movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia, y Carlos Vegas pescador artesanal de Ventanas y defensor de su tierra.

El complejo industrial Ventanas se encuentra alrededor de la bahía formada entre las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso, Chile.

Localización del complejo industrial Ventanas, en Chile. Imagen de Lucia Vita a partir de Google maps.

Este complejo, de aproximadamente 500 hectáreas (uno de los más grandes en Chile), cuenta con cuatro plantas termoeléctricas a carbón, dos a gas, una antigua fundición y refinería de cobre y otras empresas de químicos, lubricantes, combustibles, asfalto y cemento.

Empresas instaladas en el complejo industrial Ventanas, Chile.

La contaminación tan elevada que provocan estas industrias en el aire, agua y suelo, está acabando con la vida de las personas que residen alrededor de este complejo, pertenecientes a las localidades de Quintero, Loncura, Los Maitenes, La Greda, Las Ventanas, Campiche, Puchuncaví, Chocota, y Horcón, entre otras.

Industrias vistas desde la bahía de Ventanas. Imagen cedida por Claudia Pool.

La falta de normativas primarias que regulan la cantidad de cada contaminante atmosférico que se puede emitir, la falta de cumplimiento de las normativas existentes y el nulo interés del gobierno y de las empresas por frenar esta situación hacen que las personas que aquí residen contraigan múltiples enfermedades.

En el pasado, esta bahía era conocida por la calidad de sus pescados y vegetales, y por la belleza de dicha bahía.

.

Sin embargo, hoy en día, la degradación ambiental que ha provocado este complejo industrial, hace que la bahía sea noticia constante debido a las intoxicaciones que sufre su población y a la falta de soluciones que aporta el gobierno para acabar con este daño a la salud de las personas y al medioambiente.

Tal es el daño que allí se produce, que la bahía de Quintero-Puchuncaví es comúnmente conocida como zona de sacrificio.

Este término, es utilizado para referirse a aquellos territorios cuyos habitantes son literal y lentamente sacrificados para allanar el camino hacia el progreso económico.

Historia

El complejo industrial Ventanas comenzó su actividad en los años 50 con una terminal de hidrocarburos para la refinería de petróleo situada en Concón, gestionada por la empresa nacional ENAP, y en el año 1964 con una refinería y una fundición de cobre, en su momento operadas por la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y actualmente por la empresa estatal Codelco.

En los siguientes años se fueron sumando 4 centrales termoeléctricas operadas a carbón por la empresa AES Gener S.A (antiguamente Compañía chilena de electricidad, Chilectra), 2 centrales termoeléctricas operadas a gas por la empresa ENEL, e industrias petroleras, químicas y terminales de gas licuado, entre otras.

Hasta entonces, la actividad económica de este área era principalmente la pesca y la agricultura.

Una bahía hermosa, llena de vida, de peces, algas, fértiles campos en los que sembraban multitud de verduras, frutas y legumbres.

Pero sus habitantes no tardaron en darse cuenta que las industrias estaban acabando con sus vidas.

Ya en el año 1968 los agricultores se manifestaron para paralizar la fundición de cobre.

Carta del agricultor Don Juan Mena al dictador Augusto Pinochet. Año 1973. Imagen cedida por Carlos Vegas.

Carlos Vegas, pescador artesanal de la comunidad de Ventanas, tercera generación de pescadores en su familia, nos cuenta, para Infórmate 360, su experiencia durante estos años.

“Soy pescador artesanal de la Bahía, al igual que lo fue mi padre y mi abuelo. 

En el año 1997, junto con un proyecto de conservación de los recursos naturales pesqueros, en el que estudiamos las cuotas extractivas, iniciamos otro proyecto de cultivo en la bahía, asesorados por la Universidad Católica de Valparaíso.

Fuimos la primera caleta, en la región de Valparaíso, que intentamos hacer un cultivo marino.

El proyecto contemplaba cultivar alga gracilaria, cuyo subproducto es el agar (agar-agar), una sustancia gelatinosa que se utiliza en microbiología, o como espesante para sopas, gelatinas, helados y postres, además como agente aclarador de la cerveza.  

Este alga tiene la peculiaridad que hay que sembrarla en el fondo marino, así que nuestros buzos, junto con una ONG alemana que confió en nosotros, comenzamos el proyecto.

El alga empezó a crecer muy bien, pero al poco tiempo empezaron a desprenderse del fondo marino.

Lamentablemente, las algas se empezaron a “acostar”, como un árbol de tierra que no tiene raíces y no puede sujetarse para erguirse. Finalmente la marea se las llevó y perdimos el cultivo.

El exceso de metales pesados, el carbón de las termoeléctricas y otros contaminantes que se encontraban en el lecho marino impedían que las raíces de las algas pudieran agarrarse al fondo.

Este fue el primer impacto que nosotros recibimos sobre la contaminación marina que existía en la Bahía. 

Trabajamos una cantidad inmensa de horas, tanto de buceo, como en tierra, pero nunca pensamos que incluso el fondo marino estuviese gravemente afectado y contaminado.

No conformes con eso, todavía nos quedaban algunos recursos del proyecto y, ya sabiendo que en el fondo marino no podíamos sembrar porque estaba contaminado, decidimos realizar cultivos suspendidos (long-line).

Cultivamos ostiones, choritos (mejillón chileno), ostras japonesas y piure.

Pensamos que habíamos perdido el fondo, pero con esto íbamos a poder recuperar. Nos iba a ir bien.

Al poco andar, tras un año de buena cosecha y con mucho optimismo, vino a monitorear el Servicio Nacional de Salud.

No entendíamos por qué el Servicio de Salud chileno venía a monitorear los recursos marinos. Por aquel entonces nunca había pasado antes, ni teníamos conocimiento de que el Servicio de Salud hubiese ido a ver el estado de otros recursos marinos.

Monitorearon la bahía con diferentes seguimientos durante un año y cuando llegó el informe nos prohibieron continuar con el cultivo porque tenía metales pesados y, por lo tanto, no eran aptos para el consumo humano y la responsabilidad recaía sobre nosotros si causábamos cualquier daño en la salud de las personas que se relacionara con esos cultivos.

Así que finalmente, este cultivo también se clausuró.

Desde ahí fuimos completamente conscientes de que toda la bahía estaba contaminada.

Ésta era una zona turística de alto nivel, donde veraneaban familias de un alto nivel económico y ellos le decían a la comunidad que no aceptaran la llegada de estas industrias a la bahía porque iban a dejar destrucción y muerte.

Cuando las empresas se establecieron en la bahía no tuvieron que pasar evaluaciones de impacto ambiental o algún tipo de control ambiental. No tuvieron ningún impedimento para contaminarla. 

Fue un aprendizaje lamentable y doloroso porque había muchas esperanzas de poder generar muchos empleos para los buzos y, la peor parte, porque fuimos conscientes del estado ambiental de nuestro hogar.

Nunca esperamos que nuestra comunidad se fuera a convertir en una zona de sacrificio. Hemos pagado un precio altísimo.

Creo que este modelo económico chileno neoliberal priorizó el extractivismo sobre la vida de las personas, que con el pasar del tiempo se fueron empobreciendo y enfermando por culpa de los problemas ambientales que nos han dejado de herencia estas grandes empresas.”

Carlos Vegas
Pescadores en la bahía de Ventanas con las industrias al fondo. Imagen cedida de Claudia Pool.
Canto popular de La Greda y Ventanas. Imagen cedida por Carlos Vegas.

Normativa ambiental 

Hernán Ramirez, ingeniero en pesca e investigador asociado a la Fundación Terram, nos cuenta un poco sobre la normativa chilena para estas empresas y algunas carencias e irregularidades que se ven en el complejo industrial Ventanas.

En 1993 se pone en marcha el primer Plan de Descontaminación que se centra en dos contaminantes, el dióxido de azufre (SO2) y el material particulado PM10  (de diámetro hasta 10 µm). 

En 2013, el gobierno decidió eliminar la Norma de PM10 anual (cantidad de  PM10 que se puede emitir en un año). Una Norma que era importante para estos Planes de Descontaminación que estaban vigentes en Puchuncaví, Quintero y otras partes del país.

Tras las denuncias de las poblaciones de Puchuncaví, Huasco y Tocopilla, en 2015 la comunidad ganó y el Tribunal Ambiental decretó que el Ministerio de Ambiente tenía que reponer la Norma e iniciar un proceso rápido de revisión de la misma.

A día de hoy, desde este fallo del 2015, el Ministerio de Medio Ambiente se ha auto-conferido 7 ampliaciones de plazo para prorrogar su revisión, la cual sigue sin noticias. 

Por otro lado, según dicta la ley chilena, las normas de contaminantes deberían ser revisadas cada 5 años.

El Decreto de Descarga de Residuos Líquidos a Cuerpos de Agua lleva 14 años en revisión.

De la misma manera, el proceso de revisión de la norma de emisiones de termoeléctricas caducó en 2016 y sólo este año, tras una denuncia realizada por la fundación Terram, se han pronunciado para su revisión, para lo cual cuentan con otros dos años desde mayo de este año 2020 que, además, posiblemente prorroguen, o su revisión acabe considerando que la Norma no requiere modificaciones.

Sin embargo, el gobierno todavía no se ha pronunciado para el inicio del proceso de revisión de la norma PM2,5 que debería haberse iniciado el 1 de enero del 2017.

En cuanto a la nueva Norma de SO2 que entró a regir en mayo 2019, quisieron hacer creer a la población que ponían una normativa horaria similar a la europea, con altos estándares de calidad, pero mientras la normativa europea acepta 24 excesos de la norma horaria durante toda su vida, la norma chilena acepta 131 excesos de esta norma horaria por año, durante 3 años (un total de 393 excesos en su valor hora de 350 µg/m3), antes de ser reconocida como zona saturada de SO2 e implementar un Plan de Cumplimiento.

Los “picos” de SO2 por encima de la norma ocurren, prácticamente, todos los meses.

Sin embargo, estos valores por encima de la norma de SO2 se dan en periodos más cortos de una hora, para lo cual todavía no existe normativa.

Alertas ambientales emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente ante los «picos» de SO2 que se registran habitualmente en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví.

Y esto, aparte de todos los demás contaminantes que todavía no tienen Norma, como el Arsénico (As), los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), o el benceno.

Chile es un país volcánico, de mucho mineral y minas y el cobre es su principal recurso. La extracción del cobre, y otros minerales, genera arsénico.

Según varios estudios sobre la cantidad de arsénico que existe en la zona del complejo industrial Ventanas ambos concluyeron que es un riesgo inaceptable en niños menores de 5 años debido a las altas concentraciones que se encontraron.

Como dato, esta Norma de arsénico respirable ya fue dictada en 1994, bajo el mandato del presidente Patricio Aylwin y 4 meses después, con el nuevo gobierno de Eduardo Frei (mismo partido que el anterior), se dieron cuenta que la Norma era muy exigente para las empresas y con la excusa y el compromiso de dictar una Norma mejor, Chile emitió un decreto y eliminó la norma de arsénico respirable de un plumazo.

26 años después se sigue esperando ese compromiso de remisión de una Norma de As respirable.

Igualmente, los compuestos orgánicos volátiles (COV) que se cree que fueron los responsables de las intoxicaciones del 2018 y que causan graves daños a la salud, también siguen sin norma, nos dice Hernán.

Parece que este año, tras el recurso presentado por la Fundación Terram y los vecinos de Puchuncaví, el gobierno se ha pronunciado para iniciar el proceso de dictación de Norma de arsénico respirable y COV, que todavía puede llevar años hasta su consecución.

Y esto no es todo. ¿Quién hace las mediciones de los contaminantes? 

Lo cierto es que no es un organismo gubernamental o independiente. 

Las propias empresas son las que hacen las mediciones y los laboratorios pertenecientes a las empresas son los que otorgan los resultados que el Ministerio revisa.

No parece muy objetivo el sistema. En reiteradas ocasiones se ha hablado de datos falseados o borrados.

Borrado de datos durante varias horas en la medición de SO2 en la estación de Los Maitenes. Imagen cedida por Carlos Vegas.

Ante la grave intoxicación masiva que se produjo en 2018 con más de 1600 afectados, la población solicitó mediciones de los contaminantes que lo habían provocado y los responsables del acto.

El Ministerio de Medio Ambiente llegó con un medidor de última tecnología que medía más de 120 contaminantes y después de 3 días recorriendo la zona declararon la presencia de metilcloroformo (prohibido en el país), benceno y tolueno. 

Sin embargo, aunque esto que les voy a contar parezca irreal, unos días después el Ministerio de Salud dijo que los aparatos con los que hicieron las mediciones no habían sido calibrados y que esa información no era válida, por lo que, finalmente, no se cuenta con ningún dato, medición o documento legal que pueda respaldar la presencia de los contaminantes atmosféricos que produjeron esa masiva intoxicación.

A día de hoy, después de cumplir el segundo aniversario desde dichos episodios, sigue sin haber ningún responsable de los hechos.

“Queda en evidencia que la iniciativa por parte del gobierno es nula. Prima el silencio y las excusas, que la acción efectiva.”

No sitúan los complejos industriales lejos de la población, no realizan un correcto estudio de impacto ambiental que limite la actividad de las empresas a unos parámetros compatibles con la vida, no monitorean a las empresas, no buscan responsables de las continuas intoxicaciones, no cumplen con su propia normativa, ni intentan mejorarla.

Incluso, en condiciones ambientales de emergencia, las corporaciones ocultan información argumentando que los sistemas de monitoreo están bajo mantenimiento, o el gobierno hace mediciones que después descarta.

Mientras tanto, el complejo industrial Ventanas sigue operando y la gente sigue expuesta a los efectos que los productos químicos, las corporaciones y el Estado dejan en sus cuerpos.

Continuas intoxicaciones y varamientos de carbón

En la bahía es constante respirar una nube tóxica o presenciarla en el aire, al igual que son constantes los varamientos de carbón y las intoxicaciones.

Varamiento de carbón en Ventanas. Imagen cedida por Carlos Vegas.
Personas bañándose en la playa de Ventanas cubiertos de espumas químicas. Imagen cedida por Claudia Pool.

.

Regularmente podemos encontrarnos con noticias que digan:

“ 14 menores presentaron vómitos y náuseas debido a emanaciones tóxicas que se estarían viviendo en Quintero desde el día de ayer. Según denunció Manuel Pizarro, director de Red Infancia Chile ONG, en Quintero llevan tres días con un aire totalmente tóxico.” (La Izquierda Diario, Octubre 2019).

“ Quintero: Intendencia decreta preemergencia y alerta ambiental por dióxido de azufre. Durante la madrugada de este domingo, se superó dos veces la concentración máxima permitida para SO2.”. I (La Tercera, abril 2020).

“25 menores intoxicados en la comuna de Puchuncaví, bahía de Quintero, y una gran mortandad de peces deja la empresa Panimex S.A, al derramar 180 toneladas de un tipo de alcohol, conocido como 2-etilhexanol, utilizado en la producción de plástico.” (El Mostrador, junio 2008).

“ Contaminación con azufre en escuela La Greda de Puchuncaví deja 31 niños intoxicados”. (La Tercera, noviembre 2011).

“Nube tóxica, de origen desconocido, afecta a más de 20 escolares de 4 colegios de Quintero. Náuseas, picazón en la garganta y problemas respiratorios debieron enfrentar los habitantes de la comuna”. (El Mostrador, agosto 2011).

“Nueva intoxicación por dióxido de azufre de 31 alumnos y 12 profesores en La Greda de Puchuncaví vuelve a poner en la mira las faenas de Codelco Ventanas”. (El Mostrador, noviembre 2011).

“Decretan cierre de escuela La Greda de Puchuncaví tras intoxicación de alrededor de 40 alumnos debido a una emanación de gas provenientes de una planta de residuos.”. (Emol, septiembre 2015).

“Dieciocho niños fueron atendidos y 300 evacuados del jardín infantil y sala cuna “Caballito de Mar” y del “Complejo Educacional Sargento Aldea”, Puchuncaví, por presentar síntomas de intoxicación con náuseas, vómitos, dolores estomacales y de cabeza, tras sentir un intenso olor a gas en el interior de los recintos educacionales”. (Emol, marzo 2017)

“Apenas dos semanas después de los 19 intoxicados en este mismo colegio “Sargento Aldea” de Puchuncaví, dos menores resultan nuevamente con síntomas por presunta intoxicación al volver a sentir un fuerte olor a gas”. (Fundación Terram, abril 2017).

“La Escuela de Chocota (situada a metros del parque industrial de la bahía Quintero-Puchuncaví) suspende las clases y retira a los 291 alumnos de la escuela debido a un “fuerte olor a gas” de origen desconocido”. (El Desconcierto, marzo 2018).

“Evacúan escuela básica por presencia de gas en Horcón, Puchuncaví, que causa vómitos y mareos a algunos estudiantes.” (BiobioChile, junio 2018).

“Intoxicación masiva en Quintero deja al menos 301 afectados y 2 hospitalizados por una y se decreta la alerta amarilla” (Emol, agosto 2018).

“Nueva intoxicación de unos 40 estudiantes de Quintero, el mismo día que se retoman las clases, tras haber levantado la alerta amarilla por las masivas contaminaciones sufridas la semana pasada”. (Publimetro, 4 septiembre 2018)

“Nueva oleada de intoxicación por contaminación ambiental afectó a más de 155 personas en Puchuncaví y Quintero”. (Terram, 7 septiembre 2018).

“Nuevo episodio de intoxicación masiva, con más de 170 personas atendidas, desata la furia en Quintero y Puchuncaví y eleva a más de 1.000 los casos de personas intoxicadas este mes.” (Olca, Terram y La Tercera, 25 septiembre, 2018).

“ Más de 1.300 afectados entre agosto y septiembre del 2018 por Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)”. (Chile sustentable, agosto 2019).

“Sólo entre agosto y octubre de 2018, 1.553 niños fueron atendidos por síntomas de intoxicación en la región de Valparaíso.” (La Tercera, agosto 2019).

“A un año de la masiva intoxicación, vuelven a ocurrir 45 casos de niños afectados con mareos y cefaleas en diferentes localidades de Puchuncaví al sentir un olor extraño que describieron como una mezcla de gas y cloro.” (Chile sustentable, agosto 2019). 

Medio Ambiente confirmó peaks de hidrocarburos.” El Mercurio de Valparaíso, agosto 2019.

Vean este vídeo:

Tipos de contaminantes y afecciones presentes en la bahía

Las afecciones que se reportan diariamente en los centros de salud, relacionadas con estos altos niveles de contaminación son principalmente respiratorias, cánceres, neurológicas, dermatológicas e intoxicaciones.

Como nos cuenta Katta Alonso, habitante de Ventanas Alto, Puchuncaví, y presidenta y fundadora del Movimiento Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE), las personas mueren de cáncer de vejiga, riñones, pulmones, hígado, o enfermedades cardiovasculares como algo normalizado.

Las mujeres jóvenes sufren muchos cánceres de útero, mama y abortos espontáneos.

Igualmente, 1 de cada 4 niños nace enfermo. Es común en los niños las enfermedades neurológicas y las malformaciones congénitas.

Y estas estadísticas se sacan sólo de los niños que están en los colegios y que reciben ayuda por deficiencia, pero los datos reales superan, si cabe, estas escalofriantes cifras.

Katta Alonso
Imagen de Katta Alonso pidiendo el cierre de las termoeléctricas a carbón.

Tristemente célebres han sido los casos de trabajadores que luego de años de ejercer sus labores, terminan con altos índices de metales pesados en sus cuerpos, aquejados con enfermedades terminales: los llamados “hombres de verde”.

De igual forma los animales han ido enfermando paulatinamente hasta morir y disminuir su número considerablemente. Al morir el animal o ser carneado se descubre que su interior se encuentra cubierto de una sustancia verdosa, de textura rugosa como cartón, igual a la que se aprecia en los cuerpos de los “Hombres Verdes”, sustancia asociada por la población, producto del color y textura que adquiere al oxidarse, al cobre y a sus desperdicios. 

Y respecto a las intoxicaciones, en más de una ocasión se han detectado en el ambiente contaminantes como Nitrobenceno, Tolueno, Isobutano y Metilcloroformo, compuesto que está prohibido en Chile desde 2015.

El metilcloroformo puede producir somnolencia, pérdida de consciencia e incluso la muerte.

El nitrobenceno es considerado un «carcinógeno para diversos órganos y en especial causa leucemia».

El tolueno produce un aumento de abortos espontáneos y también se asocia a fetos que sufrirán retardo del crecimiento, déficit cognitivo, de lenguaje y motor, déficit intelectual, microcefalia, malformaciones craneofaciales.

Y más común es la presencia en el aire de óxido de azufre (y sus derivados) y arsénico, que se asocian a enfermedades respiratorias, incremento del riesgo de desarrollar cáncer broncopulmonar, de vejiga, hígado, piel, renal y vías urinarias; además del riesgo de infarto del miocardio y accidentes cerebrovasculares.

Y no hay que olvidar las enfermedades psicológicas que toda esta situación acarrea.

“Ni siquiera han hecho algo con la emergencia sanitaria de la COVID-19 que sufre el país y el mundo este año. Las empresas siguen funcionando igual”, señala Katta Alonso.

Quizás ahora pueden hacerse una mejor idea cuando se nombra esta zona como ‘zona de sacrificio’.

Un sacrificio lento, silencioso y terminal.

Protestas de la población

La población lleva décadas protestando, pidiendo al gobierno cambios, leyes, compromiso, salud para el pueblo, el cierre de la antigua fundición de cobre y de las termoeléctricas, el fin de los varamientos de carbono, pero la respuesta no llega. 

Las empresas compran al pueblo para callarles y el gobierno les calma con evaluaciones ambientales prometedoras y nuevos protocolos para mejorar la calidad del aire.

El gobierno promete, o se calla, pero queda claro que no quiere actuar.

Protestas contra los complejos industriales que generan las zonas de sacrificio. Imágenes cedidas por Cristina Ruiz y Claudia Pool.

Y ante esta desesperación, las organizaciones que encabezan la lucha han ido a pedir ayuda a entes internacionales.

En 2018, Katta Alonso, junto con Cristina Lux y Alejandra Donoso, abogadas de la Defensoría Ambiental, estuvieron en Ginebra, Suiza para participar en el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En estas instancias de la EPU, Katta, Cristina y Alejandra, como sociedad civil, hicieron unas observaciones a las delegaciones de los distintos países para construir una red de apoyo con la que presionar al gobierno de Chile y que éstas recomendaran a Chile ciertas modificaciones y mejores estándares en materia de Derechos Humanos.

Posteriormente, en febrero del 2019 fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Sucre, Bolivia.

En este caso, la Defensoría Ambiental, el Colegio Médico y la agrupación ‘Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia’, denunciaron ante la CIDH lo que califican como vulneración de los Derechos Humanos e incumplimientos del Estado chileno en el resguardo de los mismos para quienes habitan en las denominadas «zonas de sacrificio» ambiental.

La CIDH consideró que Chile actúa de manera “pasiva” respecto a las vulneraciones de Derechos Humanos que tienen lugar en las zonas de sacrificio. 

Esta posición fue apoyada por la Alta Comisionada de la Oficina regional de las Naciones Unidas.

Este alegato puede llevar a la CIDH a solicitar informaciones adicionales al Estado de Chile, dar seguimiento a esta situación e incluso hacer recomendaciones sobre las medidas a tomar para resguardar el medioambiente y respetar los derechos de sus habitantes. 

Posteriormente la ONU fue a Chile a observar la zona.

Sin embargo, este es todo el Derecho Internacional Ambiental que tenemos a día de hoy. Completamente “soft law”.

En la COP 25 (Conferencia de las Naciones Unidas contra el cambio climático) de Diciembre del 2019, que se iba a celebrar en Chile, pero a última hora fue trasladada a Madrid, por los problemas sociales que venían y continúan aconteciendo en Chile contra el Gobierno de Piñera y el sistema neoliberal que ahoga a l@s chilen@s, se abordaron los temas de la emergencia hídrica que afecta al país, el Acuerdo de Escazú y el plan de cierre de termoeléctricas a carbón.

En esta ocasión, como nos cuenta Katta Alonso, fueron en representación de todas las zonas de sacrificio.

La ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, quien presidió la COP 25, fue interrogada a su regreso a Chile por su desempeño durante la misma. 

En esta interpelación ella fue la primera que dijo que el Estado de Chile debería pedir perdón a todas las familias que habitan en una de estas zonas por vivir contaminados y que la obligación del Estado es asegurarles la descontaminación de la zona.

Amenazas

Pero protestar en Chile también implica un alto riesgo.

Conocidos mundialmente son los casos de Macarena Valdés, la activista socioambiental mapuche de 32 años que fue asesinada y ahorcada y a la cual encontraron en su domicilio sus hijos de 11 y 2 años. 

El caso fue declarado como suicidio, aunque siempre se ha sabido que no fue así, y 3 años después, en 2019, se consiguieron encontrar pruebas que desmientieron este supuesto suicidio. A día de hoy el caso sigue sin poder resolverse y muchas pruebas fueron extraviadas.

Alejandro Castro, pescador artesanal de 26 años y uno de los dirigentes del movimiento de la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví, quien también fue encontrado ahorcado al lado de una vía ferroviaria en Valparaíso, después de acudir a una protesta por este movimiento y en la que había sido amenazado por funcionarios de la séptima comisaría de Santiago.

A día de hoy, este crimen sigue catalogado como suicidio, a pesar de estos hechos.

Juan Pablo Jiménez, Alex Muñoz García, Marcelo Vega y la lista continúa.

La misma Katta Alonso fue amenazada de muerte por un desconocido que la culpó por el cierre de la filial de Codelco y que le aseguró que la iban a quemar y que sería “la primera en tener que abandonar Ventanas”

Durante la entrevista de Infórmate 360 con Katta Alonso pudimos preguntarle si no sentía miedo ante las múltiples amenazas que habían sufrido, a lo cual contestó: “Eso nos hace más fuertes para seguir luchando”.

Tienen claro que no aceptarán amenazas de ningún tipo, cuando se encuentran denunciando gravísimos hechos de salud en su comunidad.

Futuro de la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví

A pesar de que Piñera presentó el Plan de Descarbonización, que incluye el cierre progresivo de las termoeléctricas con el fin de que Chile sea un país de “carbono neutral” para 2050, los expertos en el tema se muestran bastante críticos a este Plan por los dobles sentidos que entraña.

El Plan pide el cierre de ciertas centrales para 2024 y el cierre de todas las carboneras para 2040.

Sin embargo, este Plan es voluntario y, por lo tanto, no menciona un cierre real ni desmantelamiento de las mismas.

Como señala Greenpeace,  este Plan funciona como una señal de continuidad para las termoeléctricas por varias razones:  

  • 2040 es una meta muy lejana. Chile tiene los medios necesarios para terminar el proceso de descarbonización para el 2030.
  • Establece el fin de centrales que ya habían anunciado su cierre previamente. Sumado a esto, no son las carboneras que más contaminan.
  • Falta impulsar el cierre de las ocho centrales de carbón más antiguas del país.
  • Permite que otras empresas sumen nuevas termoeléctricas de mayor tamaño. 

Así que, pareciera que el gobierno se “puso las pilas” y, hace un par de semanas, celebraban en la Cámara de Diputados y Diputadas la aprobación de adelantar el cierre de las carboneras al 2025.

Por 145 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón a partir del 2025.

La iniciativa consta de un artículo único que prohíbe este tipo de plantas en todo el territorio nacional. Adicionalmente, una disposición transitoria señala que esta ley comenzará a regir el 31 de diciembre de 2025 para las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan menos de treinta años de antigüedad.

Era un triunfo histórico de la Coalición ‘Chao Carbón‘, que incluía a organizaciones ciudadanas y parlamentarios para avanzar en la recuperación del bien común en Chile y terminar con las zonas de sacrificio.

Sin embargo, una vez más, a pesar del aplastante triunfo en la votación en la Sala, el proyecto ha sido devuelto a la Comisión de Medio Ambiente para revisar las indicaciones de los diputados Francisco Eguiguren (RN) y Miguel Ángel Calisto (DC), quienes buscan permitir el funcionamiento de las carboneras hasta el 2039, un año antes de la fecha propuesta por el Plan de Descarbonización de Piñera.

Anteriormente a esta votación, AES Gener dió a conocer el cierre anticipado de las centrales de Ventanas 1 y Ventanas 2, que estaban programadas para salir de funcionamiento en 2022 y 2024 respectivamente, y anunció el cierre de Ventanas 1 para diciembre de este mismo año.

“Esos plazos se acelerarán en la medida que el sistema lo permita”, dijo la firma, que requiere el análisis de la CNE y del Coordinador para proceder.

Pero detrás de este cierre, también hay otros motivos, como nos cuenta Katta Alonso, ya que las empresas AES Gener y Aguas Pacífico quieren instalar ahí dos desaladoras y, además, a las empresas termoeléctricas les seguirán pagando durante 5 años más como si estuvieran produciendo y no se tienen que hacer cargo de sus pasivos ambientales. Negocio redondo podríamos decir.

Cabe citar que el agua que actualmente se utiliza en estas termoeléctricas no se recuperará, sino que fraccionaron el proyecto y el agua se irá a una minera de Santiago.

En la zona de sacrificio de la región de Bio-Bio también se ha anunciado el cierre adelantado de las centrales termoeléctricas de Bocamina 1 y 2, para finales de este año y el año 2022.

Actualmente en Chile siguen existiendo 25 centrales termoeléctricas a carbón en operación, concentradas, principalmente, en Iquique, Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Curicó, Hualpén y Coronel.

¿En algún momento se acabarán las zonas de sacrificio y se devolverá al pueblo toda la vida que les están quitando?

Corto documental de la situación en la zona de sacrificio Quintero-Puchuncaví.

.