La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz // La Moncloa
El Gobierno ha aprobado hoy la legislación para acabar con la brecha salarial y garantizar la igualdad de las mujeres en las empresas de nuestro país, así lo ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa conjunta la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras el Consejo de Ministros.
«Estamos ante un hito histórico con dos normas que nos van a colocar en la mejor posición en cuanto a la transparencia retributiva. A partir de ahora, se acabó que hombres y mujeres en una empresa puedan percibir retribuciones diferentes», ha explicado Yolanda Díaz.
El decreto considera la integración y aplicación del principio de transparencia retributiva con el fin de establecer «medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva».
La ministra del Trabajo, describió como clave tener los datos sobre la cadena retributiva. «Cualquier diferencia retributiva puede ser un indicio de discriminación… Tendremos que examinar las evaluaciones de los puestos de trabajo».
Así, las empresas estarán obligadas a elaborar un plan de igualdad que deberá incluir una auditoría retributiva para conocer y comprobar si «el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución».
«El mensaje es muy claro: para recuperarnos de esta situación de emergencia, las mujeres debemos cobrar lo mismo que cobran los hombres por el mismo trabajo realizado», ha afirmado Irene Montero.
Además, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades elaborará una Guía Técnica con indicaciones para la realización de auditorías retributivas con perspectiva de género.
Este plan, que lleva tratándose durante meses bajo un diálogo social, fue impulsado por Montero y ha sido respaldado por los sindicatos de UGT y CCOO, pero no contó con el apoyo de la patronal.
El real decreto entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las multas por el incumplimiento de estas legislaciones podrían ascender a los 190.000 euros.
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