Megaminería
El día 22 de julio se celebra el Día Internacional contra la Megaminería.
Efectivamente no es un día de celebración, si no de reivindicación para poner fin a este tipo de minería destructiva con el ecosistema y las poblaciones.
La megaminería es una explotación químico extractiva de los recursos minerales a gran escala.
Es una forma actual de minería realizada por empresas multinacionales que ocupan enormes territorios para su desarrollo.
Consiste en dinamitar la corteza terrestre, amontonarla en pilas de tierra para echarle toneladas de químicos, como el cianuro, que facilitan la extracción del oro y otros minerales de la roca.
Para aportar algunos datos a estas afirmaciones:
Una mina a cielo abierto, puede utilizar al día 9 toneladas de explosivos y 5 millones (5.000.000) de litros de agua.
La cantidad de agua que necesita una familia por 20 años, la empresa minera la gasta en TAN SÓLO 1 hora.
Todo el material extraído es rociado por días, o meses, dependiendo de la explotación, con grandes cantidades de cianuro. El cianuro es tan tóxico que una cantidad equivalente a un grano de arroz mata a una persona.
Se producen 18 toneladas de desechos tóxicos para extraer un solo anillo de oro.
En el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, a tan sólo 20 kilómetros del Salto Ángel (la caída de agua más alta del planeta), operan una veintena de balsas mineras y un yacimiento de oro a cielo abierto, donde acuden a diario cientos de indígenas a trabajar.
Los mineros extraen el metal dentro del parque nacional como parte de una red extractivista que involucra a indígenas, instituciones oficiales, empresarios y militares.
El oro extraído de este paisaje milenario sale a bordo de avionetas turísticas, cuyo propietario es un empresario local a quien el Ministerio Público venezolano señala como miembro de una red de contrabandistas que traslada el mineral desde Venezuela hasta islas del Caribe.
La minería trae consigo la contaminación con mercurio de las aguas, fauna y población indígena, además de la deforestación de la selva y sedimentación del río Carrao, un afluente del ya contaminado río Caroní que desemboca en el Embalse de Guri, donde se genera 85% de la electricidad de un país que atraviesa una grave emergencia de energía.
La contaminación es tal que están en “alerta naranja” a un paso de entrar en la Lista Roja de patrimonio mundial en peligro.
Explotación, deforestación, mafias, contrabando de oro y muerte es lo que se esconde al sur del río Orinoco en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados llamado Arco Minero del Orinoco, territorio ubicado en el estado Bolívar donde yacen las riquezas minerales más importantes del mundo como el oro, bauxita, coltán, diamante, cobre, entre otros minerales de valor industrial.
Se prometió un Plan de recuperación económica, pero la realidad es que ha supuesto la destrucción de las riquezas naturales de la nación, la propagación de enfermedades que se habían erradicado en Venezuela y las matanzas entre grupos, indígenas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuerpos de seguridad del Estado venezolano y el Ejercito Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
El diputado venezolano Américo De Grazia resaltó: “El Arco es explotado por la “barbarie”. El Banco Central recibe apenas un 6 – 10% y el resto se lo quedan las élites militares y la boliburguesía, entre ellos está Tareck El Aissami, Diosdado Cabello y Cilia Flores”
En 2014 se rompió la presa de relaves de la mina a cielo abierto de cobre y oro, propiedad de la empresa de capitales canadienses Imperials Metal Corporation. Como resultado, se vertieron 25.000.000 de metros cúbicos de desecho tóxico a los lagos Polley y Quesnel, al arroyo Hazeltine y el río Cariboo.
A día de hoy no ha presentado ningún cargo contra los responsables del mismo.
Esta mina propiedad de la empresa de capitales mexicanos Grupo México pero operada por su filial estadounidense Southern Copper Corporation, derramó 40.000 metros cúbicos de residuo tóxico a los ríos Sonora y Bacanuchi. Se reconoció oficialmente que 380 personas sufrieron una afectación inmediata en su salud porque estaban utilizando ese agua en el momento del derrame. El agua llegó a la presa El Molinito, donde se concentró la mayor cantidad de residuos de metales pesados de la actividad minera, causando mayor afectación en la salud de las poblaciones de los municipios Ures y San Felipe.
La ruptura del dique de Fundão, en 2015, operado por la empresa Samarco Mineração, que es una filial de las gigantes Vale (de capital brasileño) y Bhp Billinton (capital australiano-británico), volcó 62 millones de metros cúbicos de barro tóxico, lo que equivale a 62 billones de litros y dejó 19 fallecidos y al pueblo Bento Rodríguez convertido en un lodazal inhabitable.
El lodo tóxico continuó su camino por unos 700 kilómetros, pasando por los ríos Gualaxo del Norte y Carmo hasta llegar al Río Doce (en el estado vecino, Espíritu Santo) y verterse en el Océano Atlántico, contaminando todos estos lugares a su paso y produciendo la muerte de millones de animales y plantas.
Destruyó a su paso parte de varios parques naturales, además de irrumpir en el territorio de los indígenas krenak.
Hasta ahora el mayor crimen ambiental de la historia de Brasil sigue impune.
La rotura del dique de contención de la minera explotada por Vale, la misma multinacional que anteriormente,en 2019, generó un tsunami de 13 millones de metros cúbicos de lodo y residuos mineros que arrasó con toda la vida que encontró a su paso y llegó al vital río Paraopeba dejando un balance de 150 muertos y 182 desaparecidos, un pueblo arrasado y el río Paraopeba contaminado.
La empresa Argentina Gold, filial de la minera Barrick Gold (de capitales canadienses) tiene una causa abierta en la justicia local por el vertido de 1.000 metros cúbicos de una solución que contenía cianuro a la desembocadura del deshielo de la Cordillera de los Andes, donde nacen varios ríos de la región. El agua contaminada escurrió hacia el río Las Taguas, que forma parte de la cuenca hídrica de la que se abastece Jáchal y otras poblaciones circundantes.
Las localidades de Magdalena, el Centro Poblado Menor de San Sebastián de Choropampa y San Juan, fueron afectadas, en el año 2000, en una extensión de 50 kilómetros por un derrame de aproximadamente 11 litros, lo cual equivale a 151 kilogramos de mercurio elemental.
Esto produjo una gran intoxicación de alrededor de 1200 personas y cuantiosos daños ambientales, contaminando ríos, cauces, matando gran cantidad de flora y fauna que no lograron soportar los efectos de la contaminación y originando la alteración de los ciclos naturales de la zona.
La tasa de mortalidad infantil en estos departamentos es significativamente más alta que en el resto del país como consecuencia directa de las actividades mineras de la zona. Además, este área sufre una crítica deforestación que afecta a todo el ecosistema y sus habitantes.
Chile se ha consolidado como el mayor productor mundial de cobre y litio. Alrededor del 94% del cobre que se extrae se hace en megaminerías.
Numerosas poblaciones y comunidades indígenas viven a diario los problemas ambientales, sociales y de salud que les provocan estas minas.
Continuas nubes tóxicas, ríos contaminados, degradación de sus tierras, economías empobrecidas, asesinatos de dirigentes ambientales y sociales, desplazamiento de poblaciones indígenas y corrupción son algunas de estas consecuencias. A esto hay que añadir el problema de falta de agua que producen estas mineras en las regiones norte del país, donde el recurso ya es insuficiente de por sí.
Sergio Cubillos Verasay, Presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños, comenta: “Hasta enero de este año, las empresas mineras extraían 4000 litros de agua por segundo en total en el Salar de Atacama, versus 1,5 litros por segundo que tiene una comunidad para vivir en todo un pueblo” en referencia a la comunidad de Peine.
Empresas como Codelco, Anglo American Chile o Antofagasta Minerals son algunas de las principales empresas extractivas del país.
Actualmente se lucha contra proyectos como Dominga o Vizcachitas.
El Proyecto Dominga, un gigantesco complejo minero-portuario-desalinizador que apuesta por reducir a una pasta de hierro, cobre, químicos peligrosos y agua contaminada, buena parte de la comuna de La Higuera; bombearla por varios kilómetros y embarcarla en buques gigantescos que trasportarán por aguas chilenas, todos los meses, cientos de miles de toneladas de lastre de desconocidos efectos y procedencias.
A pesar de su desfavorable calificación del proyecto de impacto ambiental, sus continuos errores e irregularidades en el proceso, el pueblo e innumerables organizaciones ambientales siguen luchando por que el proyecto no se lleve a cabo.
El proyecto minero Vizcachitas, de la transnacional minera canadiense Los Andes Cooper, se apresta, con la ayuda del Gobierno, a implementar un ecocidio minero en los valles de Putaendo y Aconcagua.
La reciente aprobación e inminente puesta en marcha de la fase de exploración del proyecto minero Vizcachitas, dañará en forma irreparable idílicos paisajes de la comuna de Putaendo y la provisión de agua de los valles de Putaendo y Aconcagua, la cuenca más importante de la Región de Valparaíso y una de las principales del centro del país.
En 2015, a pesar de que su proyecto de sondajes fue rechazado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), esta empresa realizó perforaciones en el lecho del río Rocín. Lo hicieron sin tomar las medidas necesarias para impedir que el agua entrase en contacto con el mineral que allí se encuentra, ni con los metales pesados que este contiene.
En 2016, análisis de aguas dieron cuenta de concentraciones fuera de la norma de aluminio, cobre, manganeso y fierro, entre otros metales pesados, apuntando como probable responsable a la actividad minera.
Ese mismo año, la Dirección General de Aguas (DGA) sancionó a Minera Vizcachitas por la “extracción de aguas superficiales” de la Quebrada Cortadera pese a no contar con derechos sobre las mismas.
Por entonces, Los Andes Cooper había construido al menos 89 plataformas de sondaje sin contar con permiso ambiental alguno.
En 2017 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) notificó a Minera Vizcachitas por “falta gravísima” al realizar trabajos de exploración y prospecciones sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), los que provocaron un daño irreparable a la flora y fauna y al valor paisajístico del lugar.
Pese a la gravedad de estos hechos, en 2018 se levantaron los cargos.
Este año, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (SEA-Valparaíso) rechazó el proceso de Participación Ciudadana que más de 2000 personas pidieron a través de sus firmas.
Finalmente, el lunes 20 de abril, el SEA convocó de modo expreso una sesión en que se aprobaría unánimemente el proyecto de sondajes.
Vizcachitas marcará, de concretarse, un hito en la arrasadora expansión de la actividad minera, que avanza con demoledora fuerza desde el “norte mineral” hacia el centro y sur del país, donde se concentra la mayor parte de los yacimientos aún no explotados de Chile.
Estos casos reflejan el poder de estas multinacionales mineras, que pasan por encima de las irregularidades legales y las evaluaciones de impacto ambiental, manipulando gobiernos y poblaciones y provocando la destrucción de los ecosistemas a niveles de ecocidios y la muertes de cientos de personas.
La megaminería provoca numerosos, enormes e irreversibles problemas ambientales y sociales.
Donde hay minería hay degradación ambiental y comunidades empobrecidas. Y, lo peor, cuando la minera se va, la comunidad se queda en peores condiciones de salud, sociales, laborales y con el ecosistema y sus recursos primarios destruidos.
Pero también hay provincias y países que desde hace tiempo intentan proteger su población y ecosistemas con la prohibición de la minería.
Numerosas provincias argentinas, Costa Rica o El Salvador, son ejemplos de países que prohibieron la minería metalífera a cielo abierto en sus territorios.
El Parlamento europeo también prohibió la minería a cielo abierto con cianuro en todos los países que integran la Unión Europea, cerrando así las puertas a las mineras que no hayan superado la tecnología de lixiviación para la obtención de oro y plata.
Países como EEUU, Canadá o Australia también las prohibieron en sus países, aunque siguen siendo parte de los principales países mineros que operan en otros países.
Ante la inexistencia actual de alternativas que sustituyan por completo a la minería, se está comenzando a integrar en las propuestas de los gobiernos la minería sostenible. Una minería legal, sin conflictos sociales y más sostenible con el medio ambiente.
Las estrategias prioritarias para lograr la sostenibilidad en la minería se centran en tres ejes: la economía, la sociedad y el medio ambiente.
Para ello, algunos de los aspectos a cambiar, mejorar e incorporar son:
Por una civilización más sostenible y respetuosa con el Planeta que nos da la vida.
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