La pandemia del coronavirus ha logrado ralentizar las dinámicas del mundo contemporáneo, que  parecían hasta el momento imparables. El consumo, el comercio, el flujo de personas y mercancías se han reducido al mínimo indispensable. La propagación del COVID-19 ha interrumpido el transcurso habitual de las cosas. Es un acontecimiento que requiere, justificadamente, tanto a las ciencias puras como a las ciencias sociales. La crisis sanitaria que estamos viviendo, nos puede permitir darle sentido al pasado reciente que hasta ahora, no habíamos podido entender bien.

Muchos gobiernos se han servido de la legislación de emergencia para ralentizar el desarrollo de la pandemia.En las dos últimas décadas, el estado de excepción estaba asociado principalmente a las políticas antiterroristas implementadas tras los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. En el caso de Francia, el estado de emergencia sanitaria, creado ad-hoc mediante  un procedimiento diligente, ha seguido al estado de urgencia decretado tras los atentados del 13 de noviembre de 2015. Las disposiciones de la Ley del 3 de abril de 1955 relativas al estado de emergencia se incorporaron  en gran medida al derecho ordinario en otoño de 2017 cuando se levantó el régimen de emergencia.

Las legislaciones de emergencia tienden a normalizarse. La nueva ola de legislación de emergencia, esta vez sanitaria, arroja una nueva luz sobre el estado de emergencia antiterrorista. La excepcionalidad ofrece una lectura de la política contemporánea bajo el ángulo del conflicto entre el estado de derecho y la arbitrariedad del ejecutivo, actualizada por el estado de excepción. Según Giorgio Agamben, filósofo italiano y autor de la tesis del estado de emergencia convertido en el nuevo paradigma de la política global, los esfuerzos estatales para contener la enfermedad, son frenéticos, irracionales y totalmente injustificados. Según el filósofo, la epidemia, instituida artificialmente como crisis, tal como lo fue el terrorismo antes, es utilizada como pretexto de los gobiernos para la limitación de la libertad. Limitación que sería aceptada en nombre de un deseo de seguridad, inducido por estos mismos gobiernos.

El estado de excepción terrorista y el estado de excepción de salud, por lo tanto, participarían de la misma dinámica. En esta perspectiva, el Estado siempre tiende a aumentar su control sobre los ciudadanos, busca sofocar el espacio que se escapa. El terrorismo, el coronavirus serían pues, incertidumbres artificialmente fabricadas por el estado, para que pueda entonces eliminarlos y, de paso, adueñarse de nuevos poderes, verdadero propósito de la empresa. Tal visión supone que el Estado es una entidad unida, coherente, dotada de una racionalidad que le es propia. La instrumentalización de la crisis ya no es una estrategia política efectiva. Las crisis ponen a prueba la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes; y, a menudo su legitimidad no sale ilesa. Aunque el estado de excepción no impidió el ataque terrorista de Niza en 2016, el presidente de la República alentó a la los franceses a que continuarán saliendo antes de declarar solemnemente la guerra al virus. La cacofonía de mensajes contradictorios de los funcionarios estatales genera desconfianza hacia la acción pública. Sin embargo, esto no es nada evidente. El Estado está compuesto por una multiplicidad de células, oficinas, autoridades, secretarías que persiguen sus propios objetivos; confundimos órganos del estado con hombres concretos que actúan en su nombre. Las situaciones extremas, como un ataque terrorista o una epidemia, muestran que la racionalidad del estado contemporáneo es más un apaño apresurado que un propósito oculto.

Las quejas de ayer son las demandas de hoy. Criticamos el estado fuerte en su perímetro soberano y el Estado debilitado por la financiación de la economía. El estado penal contra el estado de bienestar: el movimiento de los chalecos amarillos y las movilizaciones contra la reforma de las pensiones demuestran que el estado está fortaleciendo la represión mientras privatiza los servicios públicos.

Los ciudadanos exigen que se implemente una lógica inversa, la epidemia actual lo muestra bien.

Estado más fuerte, estado más débil: les toca a las ciencias sociales explicar  cómo esas críticas, a primera vista contrarios, se articulan.

Escrito por Weronika Adamska, abogada y politóloga polaca, interesada en la Teoría del Estado y del Derecho. Actualmente estudia un máster de investigación en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París.

Traducido por Elisa Manrique.

Aquí artículo original en francés.